Saltar a contenido

Artículo de opinión: Al hilo del 28 de septiembre, Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos…

Artículo de opinión de Mª Ángeles Fernández, de Pikara Magazine, en colaboración con medicusmundi Araba, medicusmundi Bizkaia y medicusmundi Gipuzkoa

El día 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos; una fecha que nos recuerda que en muchos lugares del mundo el derecho al aborto continúa anotado en la agenda de los anhelos, de los derechos por los que seguir luchando, de los derechos que hay que proteger.

El aborto en condiciones adecuadas siempre ha sido una cuestión de desigualdad. De bienes económicos, aunque duela decirlo. Es fácil comprobarlo: en El Salvador todas las mujeres que están o han estado en prisión condenadas por aborto son mujeres empobrecidas y han sido tratadas en hospitales públicos. Ningún hospital privado ha acusado nunca a una mujer de abortar.

Este año hemos visto cómo Irlanda ha despenalizado el aborto, pero también cómo en Argentina, después de una lucha feminista que tiñó el mundo de verde, la legislación no ha cambiado y el aborto seguirá siendo, de momento, clandestino. Es decir, seguro para unas y un riesgo para otras. Para la mayoría. En Guatemala, por otro lado, se está tramitando una ley que propone, entre otras cosas, endurecer las penas por aborto.

La autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y sus vidas no puede ser una cuestión de la decisión política del Gobierno de turno. Pero, lamentablemente, las amenazas a los derechos de las mujeres, relacionadas con el acceso equitativo a la sanidad, son constantes. En 2014, el Estado español vivió un fuerte renacer en las calles del movimiento feminista tras el intento del Gobierno de Mariano Rajoy de convertir el aborto en un delito. Su sucesor en el Partido Popular, Pablo Casado, ha hecho recientemente declaraciones sobre su apuesta por un retroceso legislativo en este ámbito.

Lograr un acceso igual y justo al sistema de sanitario para todas las personas es una cuestión de derechos humanos. Que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, y su salud sexual y reproductiva, también.

Lograr unos servicios públicos de salud accesibles y universales es una cuestión de género, de clase, de lucha antirracista. Cuando los sistemas de sanidad públicos se debilitan abren nuevas brechas sociales. Una sociedad justa, equitativa y solidaria debe contar, por definición, con un sistema sanitario que sea un bien común, un derecho para todas y todos.