El porcentaje de niñas de entre 0 y 14 años que han sido sometidas a la Mutilación Genital Femenina (MGF) medicalizada o practicada por personal sanitario es sistemáticamente mayor que el de las mujeres de entre 15 y 49 años. Esto sugiere que un número cada vez mayor de padres confía a sus hijas a profesionales de la salud para que les practiquen la Mutilación Genital (MGF).

En 2025, datos globales y nacionales confirman un aumento alarmante de la medicalización de la mutilación genital femenina (MGF), con entre un 25 a un 66% de casos realizados por sanitarios según informes de OMS, UNICEF y estudios locales, violando derechos humanos de niñas a la integridad y salud. Una parte creciente de esta práctica ya no se realiza en la clandestinidad de un ritual tradicional, sino en entornos sanitarios, por personal médico.

Cuando la violencia se pone “bata blanca”

Se trata de la “medicalización” de la ablación. Porque la violencia se pone “bata blanca” cuando un médic@, o algún personal sanitario como enfermera o matrona reproduce esa práctica que mutila a niñas. Que la haga una “bata blanca” no la hace menos mutilación. No la hace más segura. No la hace legal. Y, sobre todo, no la hace ética.

Hoy sabemos que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres y niñas que viven con mutilación genital femenina fue ‘cortada’ por un profesional de la salud. La OMS estimó en abril 2025 que afecta a unos 52 millones de niñas/jóvenes en todo el mundo. UNICEF va incluso más allá cuando analiza los casos de que dispone: 66% de niñas recientemente mutiladas lo fueron por trabajadores de salud, o 2 de cada 3 niñas mutiladas en los últimos años lo fueron a manos de personal sanitario. Hay evidencia de esta terrible nueva tendencia en 94 países. Esto legitima violaciones sistemáticas de derechos infantiles (Convención Derechos Niño, art. 19/24/37).

Las niñas de hoy, más “medicalizadas” que sus madres

Uno de los datos que más impacta, y que menos se conoce fuera de los círculos especializados, es este: en muchos países, el porcentaje de niñas de entre 0 y 14 años sometidas a MGF medicalizada es mucho mayor que el de mujeres adultas. De lo que se deduce que cada vez mayor de padres confía a sus hijas a profesionales de la salud para que les practiquen la Mutilación Genital (MGF).

Dicho de otro modo: las generaciones más jóvenes no están necesariamente más protegidas. En algunos contextos, están más expuestas que nunca a una versión “modernizada” de la misma violencia.

Egipto es el país que más practica en la actualidad esta modalidad. Allí, alrededor del 80% de las niñas mutiladas lo son por médicos. Entre las mujeres adultas, la cifra es mucho menor. Guinea muestra un patrón similar: solo un pequeño porcentaje de mujeres adultas fueron cortadas por personal sanitario, frente a casi un tercio de las niñas. Otros países que practican esta “modalidad médica” ya sea por matronas o por otro personal sanitario serían Indonesia, Kenia, Sudán, Nigeria y Malasia

Cuando la medicina legitima lo que debería combatir

Está ocurriendo lo más terrible y paradójico: son sanitarios quienes perpetúan violencia género (CEDAW art. 5), causan daños irreversibles y dan una falsa ”seguridad”. Porque, la realidad es que No existe una forma “segura” de mutilar. La OMS lo repite con claridad: la medicalización no elimina las consecuencias físicas ni psicológicas de la MGF. De hecho, en algunos casos las agrava. Los cortes pueden ser más profundos, más invasivos. Las complicaciones incluyen hemorragias, infecciones, dolor crónico, problemas urinarios, infertilidad, complicaciones en el parto y un impacto psicológico que acompaña a muchas mujeres durante toda su vida.

Estudios recientes estiman que decenas de miles de niñas mueren cada año por complicaciones relacionadas con la MGF. Muchas de esas muertes no se registran, porque la práctica es ilegal o se realiza fuera de los sistemas formales. No salen en los titulares. No generan escándalo. Simplemente desaparecen.

Y cuando quien sostiene el bisturí es un profesional de la salud, el daño simbólico es aún mayor. Porque se rompe algo fundamental: la confianza. Por eso la medicalización no es solo un problema clínico. Es un problema social, cultural y ético. Cuando un médico accede a practicar una mutilación genital femenina, envía un mensaje muy poderoso a la comunidad: “Esto no es tan grave”. “Si lo hago yo, será porque está bien”. “No es violencia, es un procedimiento”.

Ese mensaje legitima y normaliza la práctica. La hace más difícil de erradicar. Por eso la OMS, UNICEF y UNFPA son tan contundentes en su condena. La MGF, en cualquiera de sus formas, viola derechos humanos básicos: el derecho a la integridad física, a la salud, a vivir libres de violencia. Contraviene la ética médica. Y frena directamente uno de los compromisos globales más claros que tenemos: eliminar esta práctica antes de 2030, como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.3.

MGF, un problema global

Hoy, solo 7 países de los con datos disponibles van por buen camino para cumplir esa meta antes de 2030, según informes de ONU/OMS de febrero 2025. Además, hay evidencia documentada de MGF en 94 países. Noventa y cuatro. Incluyendo contextos de migración en Europa, América del Norte y otras regiones donde la práctica es ilegal, pero no inexistente.

Los 7 en el buen camino son: Uganda (único con proyecciones explícitas de eliminación para 2030), Burkina Faso (su prevalencia cayó 75%→56% y declaraciones públicas masivas), Eritrea (alto impacto en declaraciones, Etiopía (20% de logros en declaraciones), Kenia (Prevalencia 21%→15%; meta nacional pre-2030 y vigilancia fuerte); Nigeria (57% de declaraciones) y Liberia (Prevalencia 44%→32%; primera condena judicial). Estos siete están en vía de eliminar la mutilación genital femenina, el ODS 5.3 antes de 2030 según informes de ONU/OMS de febrero 2025. Estos países muestran tasas de prevalencia descendiendo a niveles cercanos a cero en proyecciones, gracias a leyes, declaraciones comunitarias y vigilancia.

En Asia, por ejemplo, la medicalización está creciendo de forma silenciosa pero constante. En Indonesia, casi la mitad de los procedimientos conocidos los realizan ya matronas formadas. En Malasia, Singapur o Sri Lanka, se han documentado clínicas privadas donde médicos ofrecen estos “servicios”, a veces incluso anunciándolos de manera discreta en redes sociales.

No se trata de señalar con el dedo a unas regiones y absolver a otras. Se trata de entender que la MGF se adapta, cruza fronteras. Y que combatirla exige una mirada global.

medicusmundi  y sus “comités de ancianas” en Etiopía

En la Región somalí de Etiopía, las mujeres han sostenido la vida durante generaciones. Son ellas quienes recorren kilómetros para traer agua, quienes cuidan del ganado, quienes educan a las criaturas, quienes mantienen los hogares y, muchas veces, quienes son sometidas a prácticas ancestrales como la mutilación genital femenina. Cuando desde medicusmundi llegamos allí en el año 2015, encontramos dignidad, y una fuerza silenciosa que clamaban por oportunidades. Ashaa, desde su posición de liderazgo como coordinadora de proyectos de medicusmundi y Pastoralist Concern, lo sabe bien: no se puede pedir a una mujer que defienda sus derechos si no tiene con qué sostenerse. “En esta región, el 98% de las mujeres ha sufrido mutilación genital. Una de cada cinco niñas es forzada a casarse antes de los 18 años. Más de la mitad abandona la escuela al empezar a menstruar, y muchas de ellas no vuelven nunca.”

Pastoralist Concern y medicusmundi trabajamos ahí, en los márgenes. Donde no hay hospitales ni carreteras. Donde la educación es un privilegio, y el agua una urgencia. Donde la violencia estructural se confunde con el paisaje. Donde las mujeres están menos representadas. Tienen menos voz. Y Hacen la mayor parte del trabajo… pero sin reconocimiento. Pero contra todo pronóstico, las mujeres empiezan a organizarse y a cambiar lo que parecía inamovible. “Los proyectos que desarrollamos tienen cuatro pilares: alfabetización, autonomía económica, acceso al agua y derechos sexuales y reproductivos.” Se ha trabajado con los líderes religiosos y comunitarios, todos hombres, para garantizar la participación de las mujeres en los comités: ahora el 50% son mujeres. “Ahora, también hay Comités de Ancianas. Son lideresas. Intervienen en casos de violencia. Ya han empezado a resolver problemas. Pero, sobre todo, están transformando desde dentro los lugares más difíciles de mover: las costumbres, los prejuicios, las jerarquías. Ahora el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la violencia de género tienen una puerta. Y estas lideresas son esa puerta. Están sensibilizando”.

El papel clave del personal de salud

Desde medicusmundi queremos que quede claro que hablar de medicalización no es atacar a la medicina, ni culpabilizar un colectivo. Al contrario. El personal sanitario puede ser una de las fuerzas más poderosas para erradicar la mutilación genital femenina.

Médicas, enfermeros, matronas, trabajadoras comunitarias de salud… Son, en muchos lugares, las personas más escuchadas y respetadas. Su palabra pesa. Su ejemplo importa. Por eso, en 2025, la OMS publicó nuevas directrices específicas: no solo para prohibir de forma tajante la participación de sanitarios en la MGF, sino para convertirlos en agentes activos de prevención, educación y denuncia. Para integrar este tema en la formación médica. Para dotarlos de herramientas, respaldo institucional y protección frente a presiones comunitarias.

Cuando un profesional dice “no”, cuando explica por qué, cuando acompaña a una familia hacia otra decisión, el impacto puede ser enorme. A veces, ese pequeño gesto es el inicio de un gran cambio: cuando una madre escucha por primera vez que no hay beneficios médicos. Cuando un padre se atreve a desafiar una norma social. Cuando una profesional de la salud decide no mirar hacia otro lado. Cuando una comunidad declara públicamente que abandona la práctica.

Los datos acumulados hasta 2025, hablan de más de 31 millones de personas, en más de 21.000 comunidades, han hecho precisamente eso: decir en voz alta que no mutilarán a sus hijas. No es poca cosa. Es un recordatorio de que el cambio es posible. Pero esto no ocurre solo. Requiere recursos, voluntad política, leyes claras, sanciones efectivas, apoyo a las supervivientes y un protagonismo real de las organizaciones de mujeres y de base comunitaria. En 2026 se plantea reforzar la aplicación de las leyes, la formación de jueces, policías y personal de salud, y el trabajo comunitario.​