23.06.2009 Por José De Echave C.
BAGUA, UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL ESCENARIO SOCIAL DE PERU
El 5 de junio de 2009 será recordado por mucho tiempo como una de las fechas más
negras de nuestra historia reciente, quizás solo comparada con la masacre en el penal
del Frontón y otros terribles hechos de violencia irracional que se han dado en el país.
Felizmente una amplia mayoría de peruanos no ha perdido la capacidad de indignarse
frente a estos hechos.
Casi dos meses de movilización en la Selva peruana han evidenciado la incapacidad de
un gobierno que no entiende la dimensión de las demandas y el debate propuesto por las
propias comunidades. No debemos perder de vista que la actual movilización tiene
como antecedente la protesta del mes de agosto de 2008, mediante la cual las
poblaciones amazónicas lograron la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y
1073. Ya entonces, la propia Defensoría del Pueblo había planteado una acción de
inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1015º, por considerar que afectaba
los derechos de las comunidades nativas y campesinas a la identidad cultural, a ser
consultadas y a participar en las decisiones estatales que las afecten. Otros decretos,
como el 1064, ahora también reciben el cuestionamiento de inconstitucionalidad de la
propia Defensoría del Pueblo y de una comisión del Congreso.
Por supuesto los antecedentes de falta de voluntad política para facilitar la participación
y consulta de las comunidades indígenas y nativas son más que preocupantes en el país.
El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Perú nada menos que el año 1993 y
nunca fue reglamentado, lo que muestra una total incoherencia: se firma un acuerdo
internacional, sin embargo no se tiene ningún interés en implementarlo.
Como se sabe, entre los derechos protegidos por este Convenio está precisamente el de
la consulta, que además debe realizarse mediante procedimientos apropiados y cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente.
Por si fuera poco, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, luego de analizar el
caso peruano, instó el año pasado al gobierno a avanzar inmediatamente en el diseño de
mecanismos apropiados de participación y consulta de los pueblos indígenas. También
lo exhortó a que se consulte a los pueblos antes de la adopción de las medidas que
puedan afectar sus derechos.
Uno de los ejemplos citados por la comisión fue precisamente la dación de decretos,
como el 1015°, que pretendía normar los mecanismos para que los pueblos indígenas
dispongan de su territorio, sin haber sido consultado con los interesados. Además, la
comisión señaló que se debían identificar situaciones urgentes relacionadas con la
explotación de recursos naturales que pongan en riesgo las personas, las instituciones,
los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados y la
aplicación rápida de las medidas especiales que se precisen para salvaguardarlos.
Todos estos temas están a la base de la legítima preocupación de los pueblos indígenas.
En el Perú todavía estamos muy lejos de cumplir el Convenio 169 y por el contrario, los
decretos todavía vigentes representan un peligroso retroceso al derogar normas que
señalaban precisamente la obligatoriedad, por ejemplo del titular minero, de contar con
un acuerdo con el propietario de la tierra.
¿Por qué en la región Amazonas y por qué los Awajun Wampuis?
En la movilización de agosto del año pasado, Bagua también fue el epicentro de los
enfrentamientos y los Awajum Wampuis fueron los actores centrales. ¿Cómo se explica
esta situación?
Hace unos meses tuve la ocasión de visitar esa comunidad, invitado por los Apus y
otros directivos. En ese entonces ya manifestaban su hartazgo y preocupación por la
desprotección a la que estaban expuestos frente a la presencia creciente de empresas
mineras en sus territorios: semanas antes se había producido la toma de un campamento
minero de la empresa Afrodita, hoy en día transferida a la canadiense Dorato, en el
distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui; conflicto que como casi siempre
provocó la visita de una comisión, que no solucionó los temas de fondo. Además de
Dorato/Afrodita, otras 15 empresas poseen concesiones mineras por más de 116 mil
hectáreas, lo que representa, por ejemplo, el 18.1% del distrito fronterizo del Cenepa.
Efectivamente, en los últimos años las concesiones mineras también se han expandido
de manera acelerada en zonas de Selva Alta del país, como Amazonas y San Martín. Si
uno ve el mapa se puede apreciar como toda la frontera norte en regiones como
Amazonas se ha ido llenando de concesiones en los últimos años.
Los Awajun-Wampuis señalaban con claridad que estas empresas estaban afectando su
territorio y que nunca les han pedido autorización para las actividades de exploración,
como mandan las leyes peruanas y las internacionales. Por supuesto habían hecho
múltiples gestiones ante las autoridades nacionales, buscando que sus derechos sean
respetados y que se preserve la naciente de varias cuencas importantes de las cuales
dependen. También demandaban que se proteja el Parque Nacional Ichigkat Muja, la
Reserva Comunal Tuntanain y la Zona Reservada de Santiago Comaina. En esos
espacios se habían entregado concesiones mineras.
Sus gestiones no dieron resultados, las autoridades no les hicieron caso. En los últimos
60 días también vieron como nuevamente los amagos de diálogo no permitieron
avances sustanciales.
La movilización amazónica: un antes y un después en el país.
Sin duda alguna la movilización amazónica representa un punto de quiebre y marca
varios hitos importantes que es importante identificar. Por ejemplo, por primera vez y
después de mucho tiempo, se ha superado un esquema de movilización explosiva pero
que siempre había sido de corta duración y que además no iba más allá de demandas
puntuales de carácter local, sectorial, etc. Si uno revisa las movilizaciones más
importantes de los últimos años, casi todas han tenido estas características
Los sesenta días de movilización amazónica muestran no solo una capacidad de
resistencia nunca antes vista en la historia reciente, sino que también cuestiona
abiertamente un instrumento central que busca reproducir el modelo: el paquete de
decretos legislativos que en la práctica representa una nueva generación de normas que
intenta profundizar y al mismo tiempo blindar las políticas que se implementan en el
país desde inicios de la década del 90.
Las comunidades saben mejor que nadie las implicancias y objetivos de los decretos:
consolidan un escenario en el que las inversiones carecen de mecanismos de control y
superan largamente la capacidad que tiene la sociedad y el Estado de controlarla y
regularla en función del interés público. Eso lo sabe y lo sufren día a día, por ejemplo,
comunidades como los Awajun Wampuis.
La Selva es de todos los peruanos ha señalado el presidente peruano, en alusión a la
protesta indígena. De todos los peruanos y podríamos también decir de toda la
humanidad, por su creciente importancia y valor estratégico. El tema es qué se está
haciendo para protegerla. ¿El gobierno apuesta a que las transnacionales mineras y
petroleras lo hagan mejor que las comunidades indígenas? ¿Los famosos y cuestionados
decretos legislativos apuntan a una efectiva protección y a un uso sostenible de sus
recursos? ¿No existe base real para que las comunidades estén realmente preocupadas
por los decretos?
Pese a lo que nos quieren hacer creer algunos, lo que existe en el país como
instrumentos e institucionalidad para gestionar los bienes de la naturaleza, siguen siendo
insuficientes y de una precariedad extrema. La carencia de verdaderas políticas públicas
para preservar bienes comunes de valor estratégico para todos los peruanos, es uno de
los temas de fondo que las comunidades amazónicas han puesto en debate con su
movilización.
Finalmente, un nuevo actor central se ha consolidado en el escenario nacional: las
comunidades indígenas y sus organizaciones representativas comienzan a ser vistas con
otros ojos por el Perú formal. Un actor de carácter nacional, con la suficiente fuerza
para cuestionar y detener una nueva etapa de reforma neoliberal. ¿Alguien puede
imaginar un próximo proceso electoral en el que el tema indígena y el de la amazonía
peruana, esté al margen del debate programático de los partidos políticos?
En este contexto, las responsabilidades y exigencias serán mayores para las
organizaciones de comunidades. Estas organizaciones necesitarán generar una actuación
con nuevas y mayores capacidades, nuevas alianzas y una reflexión programática que
apunte a levantar sus propuestas alternativas. En estos temas también se deberá entrar a
una nueva etapa.